REAS celebra la aprobación del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible

CECU, la Coordinadora de Comercio Justo, Rezero y REAS RdR solicitan una mayor ambición y participación de la sociedad civil en el desarrollo de la norma.

El Consejo de Ministros ha aprobado este 1 de julio de 2025 el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta iniciativa legislativa en favor del Consumo Sostenible incorporará a la legislación española las directivas europeas de Empoderamiento de los Consumidores para la transición ecológica y la de Derecho a Reparar. Estas normas de la UE persiguen garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras a través de una mejor información y el fomento de prácticas empresariales responsables y transparentes, además de promover la reparación de bienes.

El anteproyecto de ley podría sentar las bases que conduzcan a hábitos de consumo con menor impacto ambiental y a prácticas empresariales más respetuosas con el medio ambiente y con las personas consumidoras. El texto recoge algunas de las medidas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil.

Entre las disposiciones más destacadas del anteproyecto de ley señalamos:

Mejora la información y la protección de las personas consumidoras. La obsolescencia programada, las afirmaciones medioambientales sin base científica, los distintivos de sostenibilidad sin base creíble o la información engañosa sobre las características medioambientales y sociales de los productos serán consideradas prácticas comerciales desleales. Se prevé establecer mecanismos de verificación sobre los distintivos de sostenibilidad y sanciones en caso de vulneración de los derechos de los consumidores.
Impulso a la reparación. Para alargar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos, el texto despliega disposiciones (como bonos de reparación) para incentivar y facilitar que la reparación sea la opción preferida por los consumidores.
Medidas contra la publicidad engañosa. Prohíbe la publicidad de empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y comercialización de combustibles fósiles por cuanto tienen un impacto negativo en la transición ecológica. Y, regula prácticas que juegan con las emociones (como la ansiedad y el miedo) para influir en las decisiones de los consumidores o el uso de reseñas de dudosa credibilidad.
Prohibición de la publicidad de vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.
Quedaría prohibida la subida de precios en la reventa de entradas.
Regulación de la reduflación. Las empresas tendrán que señalar de forma clara y comprensible cuando se reduzca la cantidad o el número de unidades en un producto.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Rezero y la Red de Redes de la Economía Social y Solidaria (REAS) valoramos positivamente las medidas reseñadas anteriormente y otras contempladas en el anteproyecto de ley. Sin embargo, echamos en falta:

Una mayor concreción de los requisitos que deben cumplir los productos en materia de criterios sociales de sostenibilidad en la producción.
Disposiciones relativas a sectores de consumo masivo y de alto riesgo en materia de impacto medioambiental y social, como el sector textil, el café o el cacao.
Creación de un Observatorio de Lavado Verde con participación de la sociedad civil.
Control de la publicidad que promueve el sobreconsumo a través de técnicas de manipulación del consumidor (patrones oscuros).

Eva Kreisler, responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU afirmó: “Celebramos que por fin se ponga en marcha la tramitación en España de estas directivas europeas de protección de las personas consumidoras, con la incorporación de medidas ambiciosas en materia de publicidad. Esperamos que la propuesta no sea rebajada durante el proceso parlamentario y pedimos al Ministerio que habilite canales de comunicación fluidos para que el anteproyecto recoja las demandas de la sociedad civil”.