Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de la que es miembro la Federación Aragonesa de Solidaridad.
La masacre ocurrida en Melilla por la cual han perdido la vida, al menos, 37 personas, es consecuencia de una política que externaliza y militariza las fronteras, niega los derechos humanos y ataca a quienes buscan refugio. Es el resultado de la necropolítica que rige en la frontera Sur.
Hace tiempo que venimos denunciando las políticas migratorias de la “Europa fortaleza”, los acuerdos con países que no respetan los derechos humanos y el desvío de los fondos de cooperación para el control migratorio. Tales prácticas deben finalizar de manera inmediata.
La celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid nos hace dar la voz de alerta: España quiere solicitar que la migración sea contemplada como una “amenaza híbrida”. La intención de militarizar aún más las fronteras supondrá graves consecuencias sobre la vida de las personas que huyen de conflictos, violencia y miseria.
Exigimos una investigación independiente, a ambos lados de la frontera, que depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación para las personas que han perdido la vida y sus familias.
Foto: Juan Medina | Médicos del Mundo.
Muchas de las personas que perdieron la vida eran sudanesas y, por tanto, susceptibles de recibir protección internacional. Además, se produjeron devoluciones en caliente, una práctica ilegal que se sigue manteniendo y por la que la ONU ha condenado a España en varias ocasiones.
En la semana que la que Madrid acoge la cumbre de la OTAN alertamos: la interpretación de la migración como una amenaza a la seguridad, supondrá mayor sufrimiento, violencia, violación de derechos humanos y muerte. Echará más leña al fuego a la preocupante deriva militarista.
Por todo ello:
- Mostramos nuestras profundas condolencias con las familias que han perdido a sus seres queridos.
- Exigimos una investigación inmediata que aclare lo ocurrido, depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas. Una investigación que debe realizar el Gobierno español, el marroquí y las instituciones internacionales correspondientes.
- Demandamos la atención sanitaria adecuada de las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos. Debe garantizarse un proceso legal adecuado para quienes pueden ser objeto de protección oficial.
- Marruecos debe identificar a las personas fallecidas y repatriar sus cuerpos a sus países de origen, en colaboración con las organizaciones de migrantes.
- Demandamos el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU a España de manera reiterada. Deben garantizarse también vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.
- Las políticas europeas deben ser revisadas. El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata. La cooperación debe luchar contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso puede fortalecer los sistemas militares, la externalización de fronteras o la contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria.
- En plena cumbre de la OTAN en Madrid, alertamos: la calificación de las migraciones como “amenaza híbrida”, tal como pretende España, alimentará la escalada militar, fomentará la violación de derechos humanos y pondrá en riesgo la vida de personas que buscan una vida digna.
- Alertamos también sobre los discursos que califican de “violentas” a las personas que migran. Criminalizar a quien huye de conflictos y miseria alimenta los discursos de odio y nos lleva a situaciones muy peligrosas. Hacemos un llamamiento a representantes políticos, medios de comunicación y sociedad en su conjunto a fomentar relatos que respeten los derechos humanos y promuevan la paz.
- Animamos a la ciudadanía a continuar exigiendo que se frene la escalada militar impuesta en las fronteras, que se respete el derecho a la vida y se fomente la cultura de paz.
El Gobierno español debe ser coherente con lo establecido en el anteproyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de “fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, y en la atención de las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme al derecho internacional, y en particular los derechos humanos”. Las palabras no se sostienen si no derivan en políticas reales.
